Por lo que usted nos dice, el compromiso de la academia es "aprobar la oposición", no aprobar unas pruebas de la oposición. Además, suponemos que la academia antes de asumir ese compromiso ha conocido y valorado adecuadamente el contenido y las distintas pruebas de acceso a la oposición. En este caso, le sugerimos que compruebe el contrato que firmó, ya que en él podrá encontrar las obligaciones que cada uno de ustedes ha suscrito.

Si no constara nada acerca de las pruebas , podría aplicarse el Artículo 8.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en virtud del cual " La oferta, promoción y publicidad de los productos, actividades o servicios se ajustarán a su naturaleza, características, condiciones, utilidad o finalidad, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones sobre publicidad y de acuerdo con el principio de conformidad con el contrato regulado en su legislación específica. Su contenido, las prestaciones propias de cada producto o servicio y las condiciones y garantías ofrecidas, serán exigibles por los consumidores y usuarios, aun cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido". En consecuencia, la academia debe proporcionar los medios necesarios adaptados al número y clase de pruebas incluidos en la oposición. Por su parte, usted deberá abonar las 24 mensualidades a la academia y exigir la devolución del dinero si no consigue aprobar las oposiciones en los tres intentos, tal y como ellos ofertaron.

Tal y como usted nos expone, habría indicios de que esa promoción del vehículo fue publicidad engañosa. El art. 282 del Código Penal establece que: "Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a dieciocho meses los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, sin perjuicio de la pena que corresponda aplicar por la comisión de otros delitos".

Para presentar una denuncia, debe dirigirse a una comisaría o al juzgado y narrar los hechos mostrando las pruebas que acrediten lo que ha sucedido. Será el propio juzgado el que dictamine si es procedente o no proseguir con la denuncia.

En efecto, la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo establece que el vendedor responderá de los defectos que se manifiesten en el plazo de DOS AÑOS desde la entrega. Un argumento que utilizan algunos vendedores para no cumplir este plazo es que el fabricante sólo les da un año de garantía. Esta excusa es inaceptable, ya que las relaciones entre el fabricante y vendedor no deben vulnerar los preceptos de la ley.

Como ya le han dicho que no es posible repararla, le sugerimos que exija la sustitución de la impresora o, si tampoco es posible, la devolución del dinero que pagó en su día. Si no lo consigue, solicite la Hoja de Reclamaciones en la tienda y tramítela en los servicios de Consumo de su localidad.

Cuando se firma un documento en presencia de un notario, el original queda bajo la custodia del notario para su archivo o protocolo, expidiéndose copias autorizadas y simples a los interesados, tanto si se trata de la escritura de una compraventa como de un préstamo hipotecario o de ambos contratos en un mismo documento. Las copias simples y las autorizadas son exactas en cuanto a su contenido.

Para la liquidación de los impuestos que graven la operación y para su inscripción en el Registro de la Propiedad es necesaria la copia autorizada. Por tanto, a usted le deben entregar una copia autorizada de la escritura de compraventa y del préstamo o crédito hipotecario con las condiciones generales de toda la operación.

Si esas operaciones están anotadas en el Registro, no tendrá problemas para cambiar de entidad financiera. No obstante, puede conminar a su actual banco para que le haga entrega dentro de un plazo máximo de la escritura o escrituras correspondientes. Otra posibilidad es que se dirija usted directamente al notario para solicitar una copia autorizada de la escritura.

Desde una perspectiva jurídica, las aseguradoras tienen libertad de establecer las primas que consideren oportunas, de modo que sean adecuadas para atender el volumen de siniestralidad que pueda producirse. Ahora bien, en el caso que usted nos plantea, parece que la política de captación de nuevos clientes se basa en ofrecer primas más baratas que las que abonan los asegurados con una prima activa, lo que no es reprochable jurídicamente, pero sí desde un punto de vista de la fidelización. De mantener esta política, se llegaría al absurdo de que un cliente tuviera que cancelar y abrir una nueva póliza para beneficiarse de primas más bajas, algo que genera costes administrativos y molestias a los clientes, como las que usted ha padecido.

En su caso, le sugerimos comprobar las condiciones de renovación de las pólizas, en especial, las bonificaciones por no siniestralidad (el denominado bonus) de manera que pueda comprobar si le compensan la menor prima que pagaría con una póliza nueva. Asimismo, desde un punto de vista comercial, le recomendamos que contraste precios de otras compañías aseguradoras, ya que usted tiene plena libertad para suscribir una nueva póliza y darse de baja en la actual. El único requisito es avisar a la compañía con dos meses de antelación al vencimiento de la póliza, salvo que en su contrato estipule un plazo inferior.

Cuando se trata de un contrato celebrado fuera de establecimiento mercantil, como el que usted ha firmado por fax, el consumidor dispone de un plazo de 7 días (incluidos los festivos) para echarse atrás y rescindirlo sin tener que dar explicaciones y recuperando toda la cantidad entregada en concepto de señal.

Transcurrida esa semana de plazo, si usted rescinde el contrato unilateralmente, pierde íntegramente la señal entregada. La academia no está obligada a devolvérsela, aunque algunas puedan hacerlo por cuestiones de política comercial.

La ley únicamente obliga a las tiendas a aceptar la devolución de los productos adquiridos por los consumidores si son defectuosos. En otro caso, aceptar la devolución dependerá de la política comercial de la empresa.

Por tanto, si el producto que usted compra no tienen ningún defecto, sino que simplemente no es su talla o no le gusta, la tienda no tiene obligación de devolverle el dinero, salvo que se lo haya ofrecido así antes de la compra o que haga publicidad de ello. Tampoco tiene obligación de cambiárselo por otra talla, otro modelo u otro color.

Es cierto que normalmente las tiendas devuelven el dinero, pero lo hacen voluntariamente y por política comercial, no por obligación legal.

Casi todos los seguros se contratan de fin de diciembre a fin de diciembre del siguiente año, sin importar cuándo se empezara a pagar. Es más, la baja debe avisarse con dos meses de antelación (en este caso octubre).

Por tanto, no hay más remedio que pagar hasta entonces, si no quiere arriesgarse a que se lo exijan judicialmente. Por otro lado, si va a contratar otro seguro, debe asegurarse primero de que es efectivo desde el primer día (sin periodo de carencia) y de que no le van a excluir las dolencias preexistentes.

Todos los temas relacionados con las cuentas de la comunidad de vecinos tienen que ser conocidos por los comuneros. Incluso en el caso de morosos, la Ley de Propiedad Horizontal, en los artículos 15.2 y 16.2, establece la posibilidad de comunicar a los demás propietarios quiénes son los vecinos deudores y cuáles son las deudas que tienen respecto a la comunidad. En concreto, el artículo 16.2 de la citada norma determina que la convocatoria a una Junta de Propietarios contendrá la relación de los propietarios que no estén al corriente en el pago de las deudas vencidas a la comunidad, y advertirá también de que éstos quedan privados de voto.

Por tanto, como vemos, todo lo referente a las deudas puede ser comunicado de forma pública al resto de vecinos.

Los pasos a seguir son los que ya ha dado: primero, ponerse en contacto con los responsables del daño por escrito (preferentemente mediante telegrama o burofax para que quede constancia) y, después, si no le dan una solución, dirigirse a las autoridades de consumo y notificar cual ha sido el problema. En ese caso, tendrá que esperar una notificación en la que le comunicarán si la empresa se somete al arbitraje de consumo o no.

En caso de que no accedan al arbitraje, sólo queda la vía judicial. El procedimiento consiste en acudir a los Juzgados de 1ª Instancia más cercanos a su domicilio y presentar la demanda por daños y perjuicios adjuntando la documentación que tenga sobre el tema. Si el importe que reclama es inferior a 900 euros, no necesitará de Abogado ni Procurador.